
Este lunes 31 de marzo trascendió que Helicol, solicitará una indemnización de $80.000 millones por lo que considera una decisión arbitraria que vulnera derechos fundamentales.
Además, la empresa denunció a siete funcionarios de Ecopetrol por el delito de prevaricato por acción, por la finalización del contrato abiertamente ilegal que vulneró el debido proceso y los principios de la función administrativa.
La compañía sostiene que cumplió con todas las exigencias estipuladas tanto en las condiciones del pliego como en el documento contractual.
Ecopetrol, que preside Ricardo Roa Barragán, argumentó que el contratista incumplió con varios aspectos esenciales, que impidieron garantizar una prestación del servicio adecuada y segura, programada para iniciar el 1 de marzo de 2025.
Ecopetrol notificó la decisión el pasado 3 de marzo al justificarla en presuntos fallos asociados principalmente al equipo dispuesto y al personal encargado de la operación: “El contratista no acreditó de manera oportuna, cierta, total y objetiva, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales pactadas que le permitirán iniciar de forma segura la prestación del servicio”.
Entre las irregularidades, mencionó que el helicóptero Bell 412 EP, con el número de serie 36330, “no estuvo disponible para ser auditado, por lo tanto, no cumplió con el requisito de servicio frente a helicóptero back up”.
Además, surgieron dudas sobre la experiencia y documentación del personal aeronáutico. Ecopetrol señaló que “no se evidencia, dentro de la certificación de horas voladas para las tripulaciones, los equipos o aeronaves en las cuales se registraron esas horas”. A esto se sumó que el despachador presentado por Helicol tenía su licencia de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) suspendida y no se entregaron certificaciones de 21 cursos aeronáuticos exigidos en las especificaciones técnicas.
La empresa de helicópteros sostiene que las demoras iniciales mencionadas por Ecopetrol no son atribuibles a su responsabilidad. La compañía resaltó que estas no afectarán el plazo establecido en la licitación para el alistamiento previo a la operación.




















