Julio Bahamón Vanegas
Cándido, déjeme hacerle una pregunta que seguramente muchos huilenses también se están haciendo: ¿Puede el Huila volver a entregar la administración del departamento a quienes han sido cuestionados políticamente y administrativamente por la forma como manejaron los recursos públicos y las obras durante administraciones anteriores?
Dr. Julio: La pregunta es dura. Pero así tiene que ser, amigo mío, porque aquí no estamos hablando de pequeñas equivocaciones administrativas. Estamos hablando de corrupción a través de obras contratadas con recursos públicos sin terminar o terminadas a medias, de proyectos sometidos a investigaciones y miles de millones de pesos que pertenecen a todos los huilenses, que se encuentran embolatados.
Casos emblemáticos
Entre otros casos están los llamados Colegios de la Felicidad, un proyecto adjudicado inicialmente por $37.600 millones de pesos, que posteriormente tuvo adiciones llegando hasta los $47.800 millones. Hubo suspensiones, problemas de ejecución y terminó convertido en uno de los mayores desfalcos económicos en el departamento.
Sobre este contrato existen actuaciones de los organismos de control que establecieron responsabilidades individuales de quienes tuvieron el manejo de los destinos del Huila.
También están las obras viales:
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Garzón – Puerto Alegría
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Cruce Saladoblanco – Oporapa
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Garzón – San Antonio del Pescado
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Doble calzada Los Cauchos – Rivera
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Neiva – Palermo
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Neiva – Cucara
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Tello – Baraya
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San Agustín – Obando
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Canalización de Río Frío en Campoalegre
No son simples nombres escritos en el papel: son carreteras, obras de infraestructura y proyectos que debieron convertirse en desarrollo para esos municipios. Todo quedó arropado por un manto de corrupción pestilente. La lista es muy larga.
Por eso hemos dicho que, llegando a la gobernación, escribiremos el libro de la verdad sobre la contratación pública de los últimos 25 años.
Ejemplos recientes
En los casos de Garzón – Puerto Alegría y Oporapa – Cruce Saladoblanco, la Contraloría declaró en 2021 el incumplimiento del contratista y señaló afectaciones contractuales por $3.278 millones de pesos dentro de un contrato de $40.000 millones.
Luego vino el siguiente gobernador y, sin empacho, abrió una nueva licitación con el mismo objeto, desconociendo las pólizas de garantías del anterior contrato. Lo repitió el actual gobierno. Tapen y tapen.
Aquí, mi estimado Cándido, la pregunta no es solamente quién incumplió, sino ¿Quién responde por ello?
La memoria como control ciudadano
Cándido: Pero algunos de esos hechos ocurrieron hace años.
Dr. Julio: Precisamente, amigo Cándido, por eso hay que recordar la historia. Porque la memoria pública es una forma de control ciudadano.
El departamento necesita experiencia, sí. Pero experiencia acompañada de resultados, transparencia, capacidad administrativa y responsabilidad frente al patrimonio público.
Reflexión final
El miércoles 30 de septiembre, escuché al candidato a la alcaldía de Garzón, el ingeniero Edgar Bonilla, dos veces alcalde de la capital diocesana, decir junto al periodista Jorge Parga que la experiencia es fundamental para que la gente pueda tener confianza en quien deba ser el nuevo gerente de la cosa pública. Y se hacía esta pregunta:
¿Está el Huila dispuesto a entregar nuevamente la administración de sus intereses a personas cuya experiencia en el manejo de una empresa como es el departamento todavía no ha sido demostrada?
Lo que está en juego no es cualquier cosa: es quién va a administrar los recursos, las obras y el futuro de todo el Huila. En esa decisión no se puede improvisar.
Ve, mi querido amigo Cándido, ¿Que el tema no es pan comido?