Por Eduardo Gutiérrez Arias
La salud es el recurso más importante que el ser humano debe proteger. De ella depende en mayor medida, el bienestar, la felicidad y el progreso de la persona.
El sistema de salud creado en Colombia con la ley 100 de 1993 cuyo ponente en el Senado fue Álvaro Uribe, privatizó este esencial servicio mediante la creación de las EPS a las que le entregó el manejo de todos sus recursos financieros que en este año llega a una suma superior a los 100 billones de pesos (cerca del 6% del PIB nacional).
Desde 1995 en que empezaron a funcionar hasta hoy, los grandes empresarios crearon cerca de 150 EPS. Ellas se convirtieron en uno de los principales instrumentos de enriquecimiento de los grandes monopolios económicos, degradando la salud de los colombianos.
A pesar de ser entidades financieras, nunca crearon las reservas técnicas para proteger el gran capital de riesgo que manejaban tal como lo establece la ley.
La salud preventiva (vacunaciones, saneamiento ambiental, fomento de hábitos saludables de vida) fue abandonado en aras de la atención a pacientes donde estaba la ganancia. Para ellas era un buen negocio que la gente se enfermera.
La corrupción de estas entidades fue generalizada. Con dineros de la salud se construyeron lujosos campos de golf para directivos y accionistas, se compraron aviones privados, se pagaban los mejores salarios para la alta burocracia, así como sus frecuentes viajes al exterior.
La inmoralidad y perversión de este sistema de salud fue reconocido y denunciado hasta por los expresidentes Santos y Duque, pero nada serio hicieron para corregirlo. Al llegar Gustavo Petro a la presidencia en 2022 se propuso su transformación presentando al Congreso un proyecto de ley que sin mucho debate fue negado por las mayorías compradas de senadores.
El presidente lo volvió a presentar y ya ha anunciado nuevamente la comisión séptima, que con una mayoría de 8 contra 6 lo archivará. Todo parece indicar que a las mayorías de derecha de este Congreso no les interesa legislar y resolver los problemas del país, sino hacerle oposición al presidente, negándole todas sus iniciativas.
La respuesta de este ha sido recurrir al constituyente primario, el pueblo, como primer poder constitucional, para que, a través de una consulta popular, se decida si esta reforma a la salud, igual que la laboral, deben convertirse en ley, así como los aspectos fundamentales que debe contener. Es el último recurso que le queda a Petro para cumplir con las reformas que prometió y por las que mayoritariamente votaron los colombianos.
Esto no es ni populismo ni dictadura, es saltar de una democracia representativa fallida a una democracia directa como lo establece la constitución nacional.