Por Eduardo Gutiérrez Arias
Soy afiliado a la Nueva EPS desde el momento en que el gobierno de Álvaro Uribe liquidó el ISS en el año 2009 y creó las EPS, privatizando el servicio de salud, volviéndolo un bien mostrenco de empresarios capitalistas.
La Nueva EPS se creó como empresa de capital mixto con un 51% de capital estatal, especialmente de las Cajas de Compensación familiar y un 49% privado. Pero en la Junta Directiva, por el poder y la influencia del empresariado capitalista en la Cajas, fue el sector privado quien terminó con mayoría en la Junta Directiva y gobernando la entidad. Hoy cuenta con 11.5 millones de afiliados y sus ingresos en 2023 fueron de $14.7 billones siendo la más grande del país, pero sus servicios son de tan mala calidad que, en mi caso como afiliado, llevo 4 meses sin recibir ninguno de los 9 medicamentos que me tienen formulados los médicos para mis dolencias. El propio presidente denunció que la entidad viene siendo saqueada por las mafias a su interior y sindicó a Enrique Vargas Lleras, quien fuera presidente de la Junta Directiva y al gerente José Fernando Cardona, como posibles responsables de un desfalco cercano a los cinco billones de pesos.
Hace cerca de un año la empresa fue intervenida por el Estado, el contrato de suministro de medicamentos con Colsubsidio se reemplazó por otro con Discolmets hace cerca de un mes, pero el problema no se ha solucionado.
Cientos de personas se agolpan desde tempranas horas de la madrugada frentes al dispensario recientemente abierto por esta empresa en la calle 11 con carrera tercera de Neiva, sometiéndose al abusivo tramite de que les den un número para con el luego reclamar un turno y con este sí que les autoricen la formula médica. Un largo procedimiento para algo tan sencillo como la provisión de medicamentos. Todo muestra que este problema le quedó grande al Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Entiendo perfectamente que desde los partidos de la derecha existe la orden de entrabar el funcionamiento del aparato estatal para mostrar que los servicios públicos no se están prestando adecuadamente. Pero resulta que la Nueva EPS es una empresa intervenida y administrada por el Estado.
Si Discolmets no da la talla para dar el adecuado suministro de medicamentos a los pacientes otras entidades del área como La Rebaja o Cruz Verde podrían hacerlo. El ministro Jaramillo que conoce muy bien al Huila porque es tolimense, ya debería haber intervenido en la solución del problema. En su defecto que lo haga el presidente Petro, pero este asunto requiere una atención inmediata del gobierno.