Por Sergio Trujillo
En los últimos días hemos sido testigos de la preocupación que recorre las gobernaciones del país: el aumento de impuestos al consumo de licores y tabaco, dispuesto por el Decreto 1474 de 2025, en el marco de una declaratoria de emergencia económica. La medida, impulsada por el Gobierno Nacional con el argumento de solventar brechas fiscales para el presupuesto 2026, ha generado una respuesta unánime de mandatarios departamentales que no podemos ignorar.
Colombia es un Estado que se ha constituido con un equilibrio delicado entre lo unitario y lo descentralizado. Si algo hemos logrado consolidar, aún con imperfecciones, es una estructura que permite a los departamentos administrar recursos propios para financiar servicios esenciales como salud, educación, deporte y seguridad social. La nueva alza de los impuestos al alcohol y al tabaco (del 5 % al 19 %) no solo redirige recursos desde los territorios hacia la Nación, sino que pone en riesgo ese equilibrio.
Desde Huila, como Diputado, observo con inquietud cómo este tipo de decretos impactan directamente los presupuestos departamentales, amenazando programas que ya son frágiles y que sostienen la vida de miles de familias. No es trivial: en muchos departamentos el impuesto al consumo representa un porcentaje significativo de los ingresos tributarios, y su traslado a la órbita central implica una disminución considerable.
El Gobierno ha intentado mitigar las críticas ofreciendo que, en caso de afectaciones, la Nación cubrirá eventuales pérdidas para las finanzas territoriales. Esto puede sonar bien en abstracto, pero no reemplaza la realidad de una autonomía que se debilita y de la necesidad de que los recursos estén donde se genera el gasto social. Además, esta promesa se lanza sin claridad técnica ni mecanismos transparentes de seguimiento.
Nuestros gobernadores, reunidos en la Federación Nacional de Departamentos (FND), no buscan deslegitimar la emergencia económica ni desconocer las dificultades fiscales que enfrenta el país. Lo que reclaman -y comparto su posición- es que no se lesionen los principios constitucionales de autonomía territorial y de renta cedida, pues se corre el riesgo de que servicios fundamentales queden desfinanciados.
Asimismo, la posible incentivación del contrabando como respuesta al aumento de los precios de productos gravados, lo que ya alertan varios mandatarios regionales, no es una teoría sin sustento. En varios contextos fronterizos y de economías locales activas, la subida abrupta de tributos ha desplazado el consumo hacia mercados informales, reduciendo el recaudo en lugar de aumentarlo.
Lo que necesitamos en este país no es imposición unilateral ni medidas que profundicen la confrontación institucional entre el Gobierno central y los territorios. Colombia requiere diálogo, concertación y acuerdos claros, basados en cifras transparentes y en un análisis serio del impacto sobre la gestión pública local. No podemos privilegiar soluciones fiscales de corto plazo a costa de la gobernanza territorial y de los derechos sociales que dependen de los recursos regionales.
Es momento de trabajar en Equipo para hacer respetar la autonomía de los territorios.