Por Gabriel Calderón Molina
Cuando la inseguridad se volvió la peor desgracia que nos afecta a los colombianos, me vienen los recuerdos de la materia Ciencia Política, que hacía parte de los estudios de Administración Pública en París, cuando el politólogo Maurice Duverger decía, tanto en sus conferencias como en sus libros, que el buen gobernante era aquél que tenía como sus primeras prioridades la Seguridad interna y externa, segundo la Justicia, tercero el desarrollo de la Infraestructura, cuarto la Educación y quinto la salud.
Sin seguridad es imposible alcanzar los propósitos de desarrollo de una nación. Esta ha sido la gran falla en gran parte de la historia de Colombia y por consiguiente una de las principales razones de nuestro retraso económico y social. Basta con conocer un poco nuestra historia para ver los altibajos que la seguridad ha tenido a partir de los tiempos de la creación de la República ocasionados por las diferencias políticas de la clase dirigente. Pero después de la década de los ochenta del siglo pasado, la inseguridad ha sido alimentada y agravada por el narcotráfico, originada en Colombia por el cultivo de la coca y el creciente consumo mundial de la cocaína. Además, la inseguridad se está haciendo cada vez aguda por la extorsión, el sicariato, los atracos y muchos otros delitos que afectan a diario al país, cuyo incremento está demostrando fallas en la conducción del Estado que se hacen evidentes en la incapacidad de la fuerza pública para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, en la impunidad en la justicia y en la pérdida de los valores éticos y morales de muchos, cuyos principios ahora no se promueven en la familia, ni en la infancia y juventud como formación educativa esencial para que tengamos una mejor sociedad colombiana.
Si Maurice Duverger estuviera vivo y viniera ahora a Colombia, la encontraría enferma por inseguridad. Medio país en poder de agrupaciones criminales, con desplazamientos por muchas partes, una fuerza pública incapaz de preservar la seguridad, amenazas de muerte a gobernantes regionales y a políticos de oposición como ocurre en Cali, en Medellín, en Bogotá, en el Huila, en el Cauca, en el Caquetá, en el Putumayo, en el Meta y otros lugares y un gobierno que, a pesar de ofrecer la Paz Total desde su inició hace tres años, parece que fuera indiferente a las masacres, a los ataques a la fuerza pública y a los ciudadanos del común.
La inseguridad que se vive por todos los lados, de noche y de día, no importa el lugar, amenaza el futuro de Colombia, más aún cuando entre quienes aspiran a suceder al actual presidente, sólo se ve, no más de tres o cuatro estadistas, es decir candidatos con personalidad, conocimientos y experiencia pública, que comprendan la finalidad de un Estado como agente protector de sus habitantes, sus regiones y atento a proteger los derechos que a todos nos asisten.