Por Eduardo Gutiérrez Arias
En un poco más de dos meses, desde el primero de enero hasta el 13 de marzo de este 2026 en el Huila, ya llegan a 76 el número de personas asesinadas en nuestro departamento. Las zonas más afectadas son Neiva, La Plata, Algeciras, Campoalegre, Pitalito y Suaza. Es bueno recordar que a finales del año anterior hubo en el departamento cinco masacres en la que fueron asesinados 17 personas. Los autores materiales e intelectuales de estos crímenes son tanto la delincuencia común que al parecer ha tenido un crecimiento en la zona, como los residuos de anteriores organizaciones guerrilleras, especialmente las FARC, que se negaron a integrarse al proceso de paz y en su intento por mantener una estructura militar, recurren a los mismos métodos del crimen organizado con cuyos aparatos terminan haciendo causa común.
Hoy en Colombia, por primera vez tenemos un gobierno progresista de izquierda con la presidencia de Gustavo Petro que viene impulsando un programa democrático con reformas en los campos agrario, de salud, educación, laboral, pensional y con un manejo económico que ha reducido el desempleo, contralado la inflación y frenado la devaluación del peso. Nadie medianamente cuerdo puede pensar hoy en una revolución armada en Colombia. Es el momento de impulsar las transformaciones democráticas que beneficien al pueblo, por los procedimientos legales que autoriza la constitución de 1991 con cambios y reformas cada vez más profundas y robustas. La coacción, el chantaje y la violencia de los grupos armados delincuenciales, limitan y afectan el ejercicio democrático de las comunidades.
Los gobiernos municipal y departamental deben contribuir en el impulso de estos cambios democráticos, fortaleciendo el poder comunal y popular. Derechos constitucionales hoy consagrados en nuestra carta magna como el referendo, la consulta popular, el plebiscito, la iniciativa popular legislativa o normativa, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto, tienen que tener vía libre en la medida en que la comunidad los reclame. Pero esto no es posible si los grupos armados ilegales han impuestos en nuestras localidades la dictadura de la ilegalidad. De poco nos serviría estar luchando por cambios cada vez más profundos si en las zonas rurales y en nuestros pequeños municipios son las bandas delincuenciales armadas las que imponen la ley. Las juntas de acción comunal, las cooperativas, los sindicatos y cualquier otra forma organizada legal del pueblo, debe enfrentar con decisión y valentía la violencia y la ilegalidad de estos grupos. No es fácil, pero si querremos erradicar la violencia y la coacción de los grupos delincuenciales, debemos hacerlo. Someternos a ellos es aceptar dictaduras oscuras que tanto daño le hacen a nuestras comunidades. En esta respuesta democrática, alcaldes y gobernadores deben tener un papel fundamental.