Por Sergio Andrés Trujillo, diputado Asamblea del Huila
En el Huila, como en gran parte del país, hoy la conversación en la calle gira alrededor del recibo del impuesto predial. Y no es para menos. Los incrementos en los avalúos catastrales están generando angustia, incertidumbre y, en muchos casos, indignación de la comunidad.
Lo que ocurre en municipios como Algeciras y Palermo -para citar los ejemplos locales- es apenas una muestra de un problema que se está convirtiendo en una bomba de tiempo. En Algeciras, el retraso en los procesos catastrales ha generado confusión y molestia. En Palermo, la situación es aún más delicada: miles de predios no están pagando impuesto, lo que desfinancia al municipio y rompe el principio básico de equidad tributaria. Aquí lo que encontramos es un desorden institucional que termina castigando tanto a las administraciones como a la gente.
Pero lo más preocupante no es solo el problema técnico. Es la manera como se está abordando desde el nivel nacional. En medio de esta crisis, el presidente Petro lanzó declaraciones en las que habla incluso de cárcel y de sacar a alcaldes y gobernadores por no actuar frente al tema del predial.
Así no es Presidente. En un Estado de Derecho nadie puede gobernar desde la amenaza. Colombia no es un país de órdenes unilaterales ni de imposiciones. Acá, por fortuna, tenemos una Constitución política que está vigente y que establece claramente: los alcaldes y gobernadores son autoridades elegidas por el pueblo, con autonomía administrativa, y su permanencia en el cargo no depende de la voluntad del presidente.
Aquí no se trata de defender errores de los mandatarios locales (mal lo haría). Se trata de defender las reglas de juego y la Constitución. Porque cuando se rompe el equilibrio institucional, pierde la democracia, pero sobre todo pierde la gente.
Ahora bien, tampoco podemos evadir responsabilidades. El IGAC tiene un papel técnico en la actualización de los avalúos, pero son los concejos municipales los que definen las tarifas. Esa falta de articulación es la que hoy tiene a miles de familias pagando más de lo que pueden (caso Algeciras) y a otras, inexplicablemente, sin pagar lo que les corresponde (caso Palermo).
Como abogado, lo digo con conocimiento de causa: sí hay caminos jurídicos. Los ciudadanos pueden solicitar revisiones de avalúo; los municipios pueden aplicar alivios, tarifas diferenciales y esquemas de gradualidad. Aquí no estamos condenados al abuso ni al desorden, lo que nos falta es articulación y liderazgo. Necesitamos que el Gobierno Nacional deje la confrontación política con algunos alcaldes y gobernadores y asuma su responsabilidad. Necesitamos que los alcaldes actúen con criterio y que los concejos entiendan el momento social que vive el país.
Desde la Asamblea del Huila me comprometo a acompañar a las comunidades, a exigir soluciones y a defender un principio básico que no es negociable: los impuestos deben ser justos, proporcionales y, sobre todo, humanos. Vamos a requerir al IGAC, a los concejos municipales y si es necesario a la Presidencia de la República, que los derechos de los ciudadanos se respeten y sobre todas las cosas, para que la Constitución no sea irrespetada.