Por Eduardo Gutiérrez Arias
En un artículo para el diario La Nación del pasado 17 de agosto, el periodista Rafael Rodríguez, reproduce los hechos sobresalientes de una audiencia de la Jurisdicción Especial de Paz, ocurrida en la ciudad de Neiva, frente a familiares de las víctimas de los llamados “falsos positivos”. Allí soldados y suboficiales del Batallón “Cacique Pigoanza” con sede en Garzón, ya retirados del servicio activo, narraron con arrepentimiento y pesar, los hechos dolorosos por ellos protagonizados en la vereda Las Brisas el 12 de abril del 2007 en que dieron muerte al campesino de la región John Germán Vargas Calderón.
Narran desde cómo se planeó el operativo en el que participaron civiles colaboradores como un amigo de la víctima que lo llevó hasta el sitio donde fue sacrificado, el engaño sobre presencia de delincuencia organizada, la compra de un revolver en el mercado negro de Garzón para ponerlo en las manos de la víctima luego del crimen, así como el simulacro de un combate que justificara la baja de un “delincuente” por el que obtendrían recompensas.
El otro operativo se da en la vereda El Rosal de la zona de Pacarní en el municipio de Tesalia donde supuestamente buscaban averiguar por el paradero de una tía del alcalde de La Plata que habría sido secuestrada.
Allí las víctimas fueron el campesino José Alain Cifuentes Losada y un menor de edad que lo acompañaba. Fueron capturados a primeras horas de la mañana, sometidos a un interrogatorio que incluyó torturas como inyectarle agua salada en las venas, ahogamiento con toallas mojadas y maletas de plástico que le ponían en la cabeza estando amarados de pies y manos.
Después de varias horas de tortura el menor les rogaba que lo mataran y no lo siguieran torturando. En los interrogatorios ellos siempre dijeron desconocer el asunto del secuestro que los militares averiguaban. Hacia el anochecer los llevaron al puente Balseadero en el rio Magdalena y allí los votaron, vendados y amarrados, al rio para desaparecerlos. Sus restos nunca fueron encontrados.
El universo provisional de hechos del subcaso Huila, que investiga “falsos positivos” es de 160 crímenes perpetrados entre 2005 y 2008. Allí se incluyen casos de la IX brigada y los batallones Caique Pigoanza, Magdalena y Tenerife.
La JEP tiene documentados 6.402 casos de crímenes del ejército contra civiles inocentes, la mayoría en el periodo 2002 al 2008. Esa fue la “seguridad democrática” de la que se ufana Álvaro Uribe y su partido. Hoy las fuerzas armadas han venido recuperando su sentido de patria, democracia y libertad y no se registran muertos ni heridos en manifestaciones públicas, ni casos de los tales “falsos positivos”. Un ejército así gana el apoyo de su pueblo y puede triunfar en su lucha contra la delincuencia organizada.