Por Wilfred Trujillo Trujillo, diputado Asamblea del Huila
La democracia no se pone a prueba únicamente el día en que los ciudadanos depositan su voto en las urnas. Se pone a prueba mucho antes, en cada decisión institucional que rodea el proceso electoral, en cada mensaje que envían las autoridades sobre su compromiso con la transparencia y, sobre todo, en la manera como se construyen las garantías para que todos los actores políticos compitan en condiciones de equilibrio. Las elecciones no comienzan cuando se abren los puestos de votación; comienzan cuando se establecen las reglas del juego y cuando quienes tienen responsabilidades públicas demuestran que están dispuestos a protegerlas incluso por encima de cualquier interés particular. Por eso, la reciente designación del gobernador ad hoc como integrante de la Comisión de Seguimiento Electoral no puede pasar inadvertida ni puede reducirse a un simple trámite administrativo. Merece una reflexión seria, pausada y responsable.
No se trata de un ataque personal. No se trata de poner en duda trayectorias ni de anticipar juicios. Se trata de algo más profundo: la confianza pública. Y la confianza, en democracia, es un activo frágil. Se construye lentamente y puede deteriorarse con facilidad cuando las decisiones institucionales no envían el mensaje adecuado. En momentos preelectorales, cada determinación adquiere un significado mayor, porque no solo tiene efectos administrativos, sino también simbólicos. Lo que está en juego no es únicamente la formalidad del proceso, sino la percepción de imparcialidad que debe rodearlo.
Probablemente la designación sea legal. Pero la democracia no se agota en la legalidad. La historia política de nuestro país demuestra que muchos problemas institucionales no han surgido por la ausencia de normas, sino por la falta de sensibilidad frente a posibles conflictos de interés o frente a escenarios que, aun siendo jurídicamente viables, generan inquietud en la opinión pública. El punto central no es si existe una prohibición expresa que impida esa participación. El punto central es si esta decisión fortalece o debilita la percepción de equilibrio que debe acompañar todo proceso electoral. Porque en materia democrática no basta con hacer las cosas correctamente; también es indispensable que se perciban como correctas.
La Comisión de Seguimiento Electoral no es un espacio protocolario ni una mesa decorativa sin efectos prácticos. Es un escenario donde confluyen autoridades administrativas, organismos de control, fuerza pública y actores institucionales para analizar riesgos, revisar denuncias, coordinar medidas de seguridad, evaluar garantías y anticipar posibles irregularidades. Es, en esencia, un mecanismo preventivo para blindar la transparencia. Y precisamente por la naturaleza de sus funciones, cualquier elemento que pueda generar dudas sobre la neutralidad de sus integrantes adquiere relevancia política.
Aquí no estamos hablando de culpabilidad ni de sospechas concretas. Estamos hablando de percepción institucional. Cuando se trata de elecciones, la ciudadanía necesita tener la certeza de que quienes vigilan el proceso lo hacen desde una posición absolutamente imparcial, libre de cualquier circunstancia que pueda interpretarse como desequilibrio. Esa exigencia no es exagerada; es el mínimo democrático.
La política no puede funcionar bajo la lógica de “no pasa nada”. La política debe funcionar bajo la lógica de la prevención. Si mañana surge cualquier controversia electoral una denuncia, una inconformidad, una disputa por garantías cada decisión previa será revisada con lupa. Incluso si no existiera ninguna irregularidad real, la narrativa de sospecha puede instalarse con facilidad cuando las decisiones institucionales no han sido suficientemente cuidadosas. Y cuando la narrativa de sospecha se instala, la legitimidad del resultado electoral comienza a erosionarse.
Por eso este no es un debate menor ni secundario. Es un debate sobre estándares. Quien ejerce el poder tiene un estándar más alto que el resto de los ciudadanos. Esa es una regla ética implícita en toda democracia. Gobernar implica aceptar mayores exigencias, mayores controles y mayores responsabilidades. No se trata solo de cumplir la norma escrita, sino de honrar el espíritu de imparcialidad que debe acompañar cada decisión pública.
Algunos podrían afirmar que cuestionar este tipo de designaciones es innecesario. Pero la experiencia política enseña que los conflictos institucionales casi siempre comienzan con pequeñas decisiones que, en su momento, parecían irrelevantes. La confianza se protege anticipando riesgos, no reaccionando cuando ya es tarde. Y en un país donde la credibilidad electoral ha sido históricamente sensible, cualquier circunstancia que pueda generar dudas merece ser discutida abiertamente.
El papel de la oposición en una democracia no es aplaudir de manera automática ni guardar silencio por conveniencia. Tampoco es incendiar el debate con acusaciones irresponsables. El papel de la oposición es ejercer control político con altura, plantear preguntas cuando sea necesario y defender principios institucionales. Este momento exige precisamente eso: una conversación pública, argumentada y respetuosa sobre si las decisiones que rodean el proceso electoral están contribuyendo a fortalecer la tranquilidad colectiva.
La discusión no debe girar alrededor de nombres propios, sino alrededor de reglas claras. Las elecciones no pertenecen a ningún gobierno ni a ningún sector político. Pertenecen a los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen derecho a sentir que las autoridades que vigilan el proceso no tienen ningún tipo de circunstancia que pueda interpretarse como ventaja, influencia o desequilibrio. Incluso si esa circunstancia no implica ninguna actuación indebida, su sola existencia obliga a reflexionar.
En muchos sistemas democráticos consolidados, cuando existe un posible conflicto de interés, aunque sea solo potencial o aparente los funcionarios optan por apartarse voluntariamente de ciertos espacios como un gesto de protección institucional. No es una admisión de culpa. Es una señal de compromiso con la transparencia. Es la comprensión de que el poder no se defiende aferrándose a posiciones, sino protegiendo la legitimidad del sistema.
Blindar la democracia no significa desconfiar, significa construir condiciones que impidan que la desconfianza tenga terreno fértil. Significa comprender que en política la percepción es tan importante como la realidad. Significa aceptar que la neutralidad debe ser visible, palpable y verificable. Cuando la ciudadanía percibe equilibrio, la aceptación de los resultados electorales es mucho más sólida. Cuando percibe posibles zonas grises, incluso los triunfos legítimos pueden quedar bajo cuestionamiento narrativo.
Las decisiones que rodean un proceso electoral deben tomarse pensando en el largo plazo, no en la coyuntura inmediata. La legitimidad democrática es un patrimonio colectivo que trasciende gobiernos y campañas. Cuidarla es responsabilidad de todos, pero especialmente de quienes ejercen autoridad. Cuando existen circunstancias que pueden generar interrogantes razonables, lo prudente no es minimizar el debate, sino enfrentarlo con argumentos y apertura.
Porque si algo debe quedar claro es que esta reflexión no busca debilitar a nadie. Busca fortalecer la democracia. Busca recordar que las reglas del juego deben estar por encima de cualquier interés particular. Busca garantizar que cuando llegue el día de las elecciones, el resultado cualquiera que sea aceptado con tranquilidad por todos los sectores políticos y por la ciudadanía.
La democracia se erosiona lentamente cuando se normalizan las dudas. Se fortalece cuando se despejan. Por eso, más que un cuestionamiento puntual, este es un llamado a elevar el estándar institucional. A demostrar que nuestras autoridades están dispuestas a ir más allá de lo mínimo legal para garantizar lo máximo en confianza pública. A comprender que en tiempos electorales cada decisión cuenta y cada gesto envía un mensaje.
En última instancia, la pregunta no es quién ocupa un espacio institucional. La pregunta es qué decisión protege mejor la credibilidad del proceso. Porque cuando se trata de elecciones, la transparencia no puede ser negociable. Y cuando se trata de confianza ciudadana, siempre será mejor prevenir que explicar después.
“La democracia no admite sombras innecesarias. Y si existe la posibilidad de disiparlas desde ahora, hacerlo no es un acto de debilidad política. Es un acto de responsabilidad histórica”.