El presidente Gustavo Petro firmó en Córdoba la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, compromiso del Acuerdo de Paz de 2016, y entregó 3.600 hectáreas a familias afectadas por la emergencia climática.
En un acto realizado en Cereté, Córdoba, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, que crea por primera vez en Colombia un sistema judicial especializado para resolver conflictos de tierras entre campesinos, comunidades étnicas y el Estado. La ceremonia estuvo acompañada por la entrega de 3.600 hectáreas a familias campesinas damnificadas por la emergencia climática en el Bajo Sinú.
El mandatario eligió Cereté, municipio natal de su padre, como escenario simbólico para la firma. Allí recordó episodios de violencia que marcaron su vocación política y reafirmó que la transformación social comienza con justicia para los campesinos. “Que sean los jueces, que sea la justicia al servicio del pueblo, no del poderoso”, expresó durante su intervención.
Cumplimiento del Acuerdo de Paz
La Jurisdicción Agraria fue pactada en el primer punto del Acuerdo de Paz de 2016 y tardó casi una década en materializarse. La norma establece juzgados y tribunales agrarios en todo el país, con equipos especializados y facilitadores que orientarán a los ciudadanos en asuntos de tierras. La Corte Suprema y el Consejo de Estado serán los órganos de cierre en los conflictos entre particulares y con el Estado.
El presidente también se refirió a la crisis climática que golpeó a Córdoba, señalando la concentración de tierras y el desvío de ciénagas como causas del desastre. La demolición de jarillones busca devolver el agua a su curso natural y recuperar los ecosistemas del Bajo Sinú. Petro destacó que la región tiene una oportunidad estratégica frente a la crisis climática global: producir alimentos para Colombia y el mundo.