Por Eduardo Gutiérrez Arias
La jueza Sandra Heredia, declaró en la lectura del fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe el pasado 28 de julio: “Queremos decirle a Colombia que la justicia ha llegado: serena, reflexiva, sin manipulaciones, sin arrebatos, pero sin dilación.” Así actúa la justicia cuando está inspirada en los más alto ideales de la búsqueda de la verdad y de la condena a los infractores de la ley, sin importar que ellos tengan o hayan tenido el máximo poder político. De hecho, nuestra togada fue sometida a la más grosera campaña de intimidaciones y amenazas que en nada afectaron su tranquilo manejo del proceso penal. Por su parte Iván Cepeda como principal víctima manifestó: “miles de víctimas han visto un signo de esperanza”. También expresó: “No nos anima ni el odio ni la venganza sino la búsqueda de la verdad plena”. De hecho, este juicio demuestra que los grandes también están sometidos al imperio de la ley y que la democracia que hoy construimos no acepta la impunidad.
La primera lección del mismo es que en nuestro país hemos avanzado significativamente en la creación de un poder judicial independiente de las otras ramas del poder público, que nos permite acercarnos a una verdadera justicia. Que un expresidente sea condenado en primera instancia, en un juicio público con tantas garantías y tan amplia divulgación por todos los medios de comunicación, es una prueba de este enorme avance.
La segunda es que el nombre de Álvaro Uribe Vélez está ligado desde los comienzos de su vida pública a oscuros episodios delincuenciales. Es el caso de las licencias de funcionamiento a pequeños aeropuertos utilizados por la mafia para sus embarques de droga. A raíz del asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara y el allanamiento del complejo de Tranquilandia en El Yarí, el helicóptero de su padre Alberto Uribe fue en encontrado allí.
Las masacres contra campesinos en Antioquia como las del Aro y La Granja, en alianza entre el ejército y los paramilitares, cuando fueron denunciadas por el abogado defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle, el gobernador de Antioquia Álvaro Uribe lo acusó de ser enemigo de las fuerzas Armadas y pocos días después fue asesinado por paramilitares. Los 6.402 falsos positivos cometidos por las Fuerzas Armadas durante su gobierno para simular triunfos militares contra la guerrilla, la creación del grupo Metro de las Autodefensas y los 500 cadáveres de gente humilde ocultos en La Escombrera de Medellín, siguen clamando por los autores intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad.
También falta por esclarecer su participación en la degradación del Estado durante los años de su gran poder, que llevó a la cárcel a más de 70 parlamentarios y altos funcionarios del gobierno por sus vínculos con la parapolítica y el paramilitarismo. Definitivamente su actual condena es sólo la parte visible del iceberg.