Por Eduardo Gutiérrez Arias
Las mafias en la política colombiana están no sólo en el Estado (Congreso, asambleas departamentales, concejos municipales, gobierno nacional, departamental y municipal, contralorías, procuraduría y personerías). Ellas han llegado a tener, incluso, una alta penetración en el poder judicial (juzgados municipales, tribunales, altas cortes y fiscalía).
Las mafias tienen un gran dominio en los partidos políticos y en las organizaciones y empresas del gran capital. Incluso han penetrado organizaciones populares como sindicatos y juntas de acción comunal, debilitando su accionar.
Iván Cepeda ha expresado que la corrupción es sistémica y que ha penetrado todos los niveles de la sociedad. Por eso ha propuesto, como solución, un Sistema Nacional contra ella y una ley marco en la materia.
El presidente Gustavo Petro también ha dicho que la corrupción es uno de los principales problemas estructurales de Colombia, que se ha convertido en un mal endémico del Estado, ligado a la contratación pública, el sistema de salud y sectores políticos tradicionales.
Las EPS, creadas durante el gobierno de Álvaro Uribe para privatizar este servicio social, se han convertido en auténticas mafias para apoderarse de uno de los recursos financieros más importantes del Estado. En el presente año, la ADRES administra un presupuesto de $114.8 billones de pesos, que a su vez es contratado con las EPS para atender los pacientes afiliados a las mismas.
La principal es La Nueva EPS, que atiende 11.440.000 colombianos, representando el 21.75% de la población atendida por el sistema. Su presidente en los últimos años ha sido Enrique Vargas Lleras, hermano del recientemente fallecido Germán Vargas Lleras. Hoy la Superintendencia de Salud la tiene intervenida por malos manejos. Los comentarios de prensa son que, entre 2019 y 2023, de ella se robaron 5 billones de pesos. La deuda de ella con hospitales e IPS se calcula en una cifra cercana a los $35 billones de pesos.
Quienes sufrimos las consecuencias de esta corrupción somos los usuarios (55% del régimen subsidiado y 45% del contributivo), quienes debemos soportar hasta tres meses para que nos atienda un especialista, hacer colas de días para que nos entreguen los medicamentos, y cuando llega el momento de la entrega sólo se recibe la mitad de la fórmula porque el resto supuestamente está agotado.
Como la política se ha descompuesto y pervertido, dejando de ser un procedimiento para que, por su intermedio, los partidos políticos compitan por el poder y luchen por la realización de sus programas, en su reemplazo han surgido maquinarias clientelistas y gamonalezcas para apoderarse de ese Estado y convertirlo en el mejor instrumento para hacer riqueza.
Para ello recurren a la compra de votos para ganar elecciones. Por ese camino se destruye la democracia, la libertad y la posibilidad de progreso de una sociedad.