Escrito por Wilfred Trujillo Trujillo.
Diputado Asamblea del Huila
En el Huila, una cosa es leer sobre violencia y otra muy distinta es sentirla cerca, en la conversación del barrio, en el grupo de WhatsApp de la cuadra, en la llamada de un familiar que dice que mejor no salga, que todo está peligroso otra vez. No es paranoia, es una señal de que retrocedimos en el tiempo. Y lo más doloroso es que, mientras más se repite, más se vuelve costumbre.
El asesinato de la patrullera Karen Pajoy en La Plata el pasado 9 de diciembre nos dejó una herida que no se explica con palabras técnicas, tenía apenas 21 años y un hijo pequeño. Era una joven policía, pero sobre todo era una joven del campo, una hija, una mamá, una familia entera que hoy vive con una silla vacía. Esa muerte, atribuida a disidencias, no es solo un crimen, es un mensaje. Es el mensaje de que el terror quiere volver a mandar.
Lo que sucedió en Tesalia, la noche del 5 de diciembre lo confirma. El ataque contra la estación de Policía, atribuido al frente Ismael Ruiz, no fue un rumor. Fue una acción armada contra la infraestructura del Estado. Que un municipio vuelva a vivir una noche de tensión por hostigamientos de este tipo, en plena navidad, es una postal que nos devuelve a los años en los que el país se acostumbró a contar explosiones. Y eso no puede normalizarse.
Si algo me preocupa profundamente es que estos hechos no aparecen solos, aparecen en cadena. La Plata ya había sentido ese golpe en semana santa de este mismo año, cuando una motobomba estalló en el centro del municipio. Dos jóvenes murieron y al menos 31 personas quedaron heridas, entre ellas 10 menores de edad. Uno lee esa cifra y se queda frío, pero el panorama real es la madre buscando a su hijo entre escombros, el comerciante viendo su negocio destruido, el pueblo entero sintiendo miedo por semanas.
La Defensoría del Pueblo, además, fue clara en algo que duele aún más. Dijo que había advertido riesgos de atentados en el Huila antes del ataque de La Plata. Ese detalle pesa, porque nos habla de un Estado que llega tarde, de alertas que existen, de señales que estaban ahí. Y el mapa se amplía cuando miramos otros episodios que confirman la presencia y el movimiento de estructuras armadas ilegales. En abril, en zona rural del corregimiento Chapinero en Neiva, una operación de la policía terminó con la muerte de 5 integrantes de la estructura Ismael Ruiz, disidencias de las Farc. Esa noticia, más allá de cualquier balance operacional, significa que el conflicto no está lejos, que está metido en los corredores rurales, a pocos minutos de la capital.
Ese mismo abril, Suaza también fue escenario de combates contra la estructura Rodrigo Cadete. La Gobernación del Huila reportó la muerte de alias Tornillo, señalado como pieza clave ligada a extorsiones y amenazas en varios municipios del departamento, y el Comando General de las Fuerzas Militares divulgó información sobre esa operación. Cuando uno ve esos nombres repetirse, cuando ve esas estructuras mencionadas una y otra vez en reportes oficiales, entiende que el problema no es una anécdota. Es una dinámica.
A eso se suma lo que las autoridades describieron en octubre, en Íquira, cuando una operación conjunta permitió desmantelar una célula financiera del frente Ismael Ruiz, recuperar a un menor reclutado e incautar armamento. Que en el Huila se siga hablando de menores reclutados, de redes de financiamiento y de control de extorsiones, es una realidad que debería estremecernos como sociedad.
No podemos fingir que todo esto se queda solo en lo rural. La criminalidad común, cuando se mezcla con extorsión y artefactos explosivos, también destruye tranquilidad. En Neiva, la Policía reportó capturas por extorsión relacionadas con el lanzamiento e instalación de artefactos explosivos contra el sector comercio, y la Alcaldía de Neiva informó capturas vinculadas con terrorismo y extorsiones a comerciantes.
También hay episodios de intimidación que, aunque a veces se minimizan como rumores, afectan la vida colectiva. La circulación de panfletos atribuidos a disidencias en Neiva ha generado zozobra y abrió investigaciones sobre su veracidad. En una ciudad, el miedo no necesita que explote una bomba para instalarse, a veces basta un papel, un mensaje, una amenaza que se riega como pólvora.
Y en medio de este panorama aparece otra preocupación que no se puede ignorar. Hay reportes de capturas en el occidente del Huila de personas que usaban el nombre del ELN para extorsionar a comerciantes. Sea que se trate de integrantes reales o de delincuentes que se camuflan en esa marca criminal, el resultado para el ciudadano es el mismo; la economía local se encoge y la gente queda vulnerable frente al chantaje.
Por eso, cuando digo que hemos retrocedido 30 años en seguridad, no es solo un decir, es una descripción de lo que se siente en el país. En los noventa, los grupos armados buscaban expulsar a la policía de pueblos estratégicos y sembrar terror para dominar territorios. Hoy volvemos a ver ataques contra estaciones, hostigamientos, explosivos, presión sobre comunidades, extorsión como regla y reclutamiento como amenaza permanente.
A nivel nacional, las cifras terminan de explicar por qué la preocupación ya no es solo regional. La Fundación Ideas para la Paz, con base en datos del Ministerio de Defensa, advirtió que entre enero y octubre los homicidios intencionales subieron de 10.952 en 2024 a 11.327 en 2025. Subió también la tasa por cada 100.000 habitantes.
Y hay un dato que, a mí, me toca una fibra especialmente sensible por lo que simboliza en la memoria de Colombia; el secuestro. En víctimas, pasó de 242 entre enero y octubre de 2024 a 527 en el mismo periodo de 2025. En ese mismo análisis, la FIP también puso sobre la mesa otro hecho inquietante. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los integrantes de grupos armados organizados habrían aumentado un 15%. Cuando los grupos crecen, crece la extorsión, crece el control social, crece la capacidad de atacar, crece la arrogancia del que se siente fuerte. Y eso se nota en los territorios, se siente en la calle.
El Gobierno nacional actual tiene responsabilidad política, aunque sea en un grado que algunos quieran relativizar, por decisiones que han dejado señales confusas y por una estrategia que no ha logrado contener el avance y la osadía criminal. Cuando el Estado no impone una línea clara, cuando la autoridad parece titubear, los violentos lo leen como oportunidad. Incluso análisis públicos han advertido que la dinámica reciente ha facilitado el aumento del poder armado e intimidatorio de los grupos ilegales en el marco de la política y los incentivos que se han movido alrededor de ella.
El departamento está sintiendo, con nombres propios, lo que pasa cuando el país pierde la memoria y repite las consecuencias que vivimos hace 30 años. La Plata no puede volver a ser sinónimo de explosivos. Tesalia no puede volver a tener noches de guerra. Pitalito no puede normalizar que la zozobra se cuele en la vida diaria de una ciudad que vive del trabajo y el emprendimiento. Neiva no puede acostumbrarse a que el comercio trabaje bajo amenaza. Íquira no puede cargar con el horror del reclutamiento. Suaza no puede vivir bajo el lenguaje de los panfletos y las extorsiones.
El caso de Noralba Lamilla duele por lo sencillo y cruel de lo ocurrido. Regresaba de Neiva, iba rumbo a su finca en la vereda Las Brisas y, a pocos metros de su casa, fue interceptada y atacada con arma de fuego, según el reporte entregado por la Policía del Huila. Su asesinato no llegó solo, llegó a engrosar una cifra que ya es insoportable para un municipio como Algeciras. Medios regionales vienen registrando que, con este hecho, ya van 27 homicidios en lo corrido de 2025, una cuenta que se siente como una presión constante sobre la vida diaria, sobre la confianza entre vecinos y sobre la tranquilidad mínima que cualquier familia merece.
Rechazo absoluto a los actos terroristas y criminales, vengan de disidencias de las Farc, del ELN, de bandas organizadas o de delincuencia común, nada justifica convertir el miedo en método de control. Y si algo nos debe unir, por encima de diferencias, es la certeza de que ningún proyecto político, ninguna causa, ninguna excusa, vale más que la vida y la tranquilidad de la gente.
El problema es que hoy la tranquilidad está más frágil. Se siente. Se habla. Se respira. Y cuando un departamento entero empieza a vivir con esa sensación, el país ya perdió algo, aunque todavía no lo quiera aceptar.