Por Sergio Trujillo, diputado Asamblea del Huila
El más reciente feminicidio ocurrido en el municipio de Pitalito, no solo enluta a una familia huilense, vuelve a dejar en evidencia una realidad que como sociedad no hemos sido capaces de detener. Blayin Guevara Sánchez, una joven madre de apenas 22 años, fue asesinada en zona rural del municipio, presuntamente por su pareja sentimental. Este hecho es el segundo (presunto) feminicidio registrado en el Huila en lo corrido de 2026.
Y aquí es donde debemos reconocer que estamos fallando, que estamos llegando tarde.
En Colombia, el panorama es alarmante. Solo en 2025 se registraron 621 feminicidios, es decir, más de una mujer asesinada cada dos días, y lo más grave, en la mayoría de los casos existían denuncias previas, amenazas o anuncios de medidas de protección que no se cumplieron. El patrón es repetitivo, doloroso y, sobre todo, evitable.
Las cifras del Instituto Nacional de Salud y otros observatorios coinciden en una tendencia preocupante. La violencia basada en género sigue creciendo y tiene un fuerte impacto en mujeres jóvenes y niñas. En lo corrido de 2026, aunque los datos aún son preliminares, ya se evidencian múltiples casos de violencia que escalan en diferentes regiones del país . En el Huila, ya vamos por dos feminicidios en apenas unos meses del año. ¿Cuántos más necesitamos para reaccionar?
El feminicidio, tipificado en Colombia por la Ley 1761 de 2015, es un delito grave, es el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer, en contextos de violencia, dominación o discriminación. Puede acarrear penas de hasta 50 años de prisión. Pero la pregunta es: ¿de qué sirven penas ejemplares si seguimos fallando en la prevención?
Los factores están identificados: violencia intrafamiliar persistente, dependencia económica, falta de protección efectiva, debilidad en las rutas institucionales y una cultura que aún normaliza la agresión. Estudios recientes muestran que la mayoría de feminicidios están precedidos por ciclos de violencia no atendidos oportunamente. Es decir, hubo señales, hubo alertas y no actuamos.
Por eso esta columna no puede ser un pronunciamiento más. Este debe ser un punto de partida para que, desde cada instancia, asumamos responsabilidades y actuemos.
Se necesita una respuesta integral: comisarías de familia fortalecidas, seguimiento real a agresores, protección efectiva a mujeres en riesgo, articulación institucional y decisiones políticas firmes. No más protocolos y rutas en papel. No más reacción tardía. Se necesita prevención real, intervención oportuna y justicia rápida.
A la Fiscalía, celeridad. A la Policía, prevención. A los gobiernos locales y departamentales acción decidida, y a la sociedad, cero tolerancia.
Desde la Asamblea del Huila, como diputado en ejercicio, lo digo con total claridad: la vida de las mujeres no puede seguir dependiendo de la suerte o del tiempo de respuesta institucional. Este es un problema estructural que exige liderazgo, decisión y resultados. Tenemos que actuar ya, porque cada feminicidio que ocurre, no solo nos debe doler, nos debe obligar a trabajar En Equipo por el Huila y por las mujeres de nuestro departamento.