Por Wilfred Trujillo Trujillo
Diputado Asamblea del Huila
A dos meses de cumplirse un año de la Semana Santa que marcó para siempre la memoria del municipio de La Plata, Huila, el departamento vuelve a estremecerse. No porque el tiempo haya borrado lo ocurrido, al contrario, porque la herida sigue abierta sino porque hoy una noticia revive la pregunta más incómoda de todas: ¿estamos preparados para evitar que la historia se repita?
En aquella Semana Santa, La Plata pasó de ser un territorio de recogimiento y encuentro a un escenario dominado por el miedo. Un atentado con motobomba rompió la cotidianidad, alteró la tranquilidad de las familias y dejó una sensación que aún persiste: la vulnerabilidad de los territorios cuando el crimen logra imponerse por segundos, pero el temor se queda por años. No se trata solo de un hecho violento; se trata del impacto emocional, social e institucional que un acto de esta naturaleza deja en una comunidad entera.
Hoy, cuando todavía no se cumple un año de ese episodio que jamás debió ocurrir, el departamento recibe una noticia que inquieta y preocupa: la fuga de uno de los principales responsables de ese hecho atroz. La pregunta es inevitable y legítima: ¿qué tan cerca estamos de una nueva escalada de violencia? ¿Qué mensaje se envía a las víctimas, a las comunidades y a la ciudadanía cuando quien debe responder ante la justicia logra evadirla?
Esta no es una columna escrita desde el alarmismo, sino desde la responsabilidad. No es una acusación ligera, sino un llamado firme. Porque la seguridad no se protege con silencios incómodos ni con explicaciones burocráticas; se protege con decisiones claras, con sistemas que funcionen y con una institucionalidad que no se fracture por trámites administrativos.
Es justo reconocerlo: las Fuerzas Militares y la Policía Nacional cumplen su labor en el territorio. Hay presencia, hay operativos, hay articulación institucional. Los hombres y mujeres de la Fuerza Pública arriesgan su vida todos los días para contener amenazas, prevenir hechos violentos y garantizar el orden. Esa labor no puede ni debe ponerse en duda. Pero sería irresponsable pensar que la seguridad depende únicamente de ellos.
La seguridad es una cadena. Y cuando uno de sus eslabones falla, todo el sistema se resiente. Hoy ese eslabón que genera inquietud es el sistema penitenciario y, más aún, la manera como decisiones administrativas, solicitudes, traslados, beneficios o fallas de control pueden terminar convirtiéndose en puertas abiertas para la impunidad.
La fuga de un actor clave de un atentado terrorista no puede explicarse únicamente como un hecho aislado. Obliga a revisar procedimientos, protocolos, responsabilidades y, sobre todo, la lógica con la que se toman decisiones dentro del sistema penitenciario colombiano. No es admisible que trámites administrativos que deberían estar al servicio de los derechos y del debido proceso terminen debilitando la seguridad colectiva.
Aquí surge una reflexión profunda: ¿hasta qué punto hemos normalizado que el sistema falle? ¿En qué momento aceptamos que la impunidad sea una posibilidad recurrente y no una excepción que indigne?
El Huila no es un departamento ajeno a los desafíos de seguridad nacional. Su ubicación estratégica, su condición de corredor entre regiones y su riqueza productiva lo convierten en un territorio que debe ser protegido con especial rigor. Cada episodio de violencia no solo afecta a un municipio, sino que repercute en la confianza, en la inversión, en el turismo y en la vida cotidiana de miles de familias.
Cuando un responsable de un atentado se fuga, el impacto no es solo judicial. Es simbólico. Se envía un mensaje peligroso a los grupos ilegales: que el sistema puede ser vulnerado. Y se envía un mensaje devastador a la ciudadanía: que el miedo puede volver.
Por eso la preocupación no es exagerada. Es legítima. Como departamento tenemos el derecho y el deber de exigir respuestas claras. No basta con comunicados o explicaciones técnicas. Se requiere una revisión profunda del sistema penitenciario, de sus controles internos y de la manera como se evalúan los riesgos asociados a personas privadas de la libertad vinculadas a delitos de alta peligrosidad.
No se trata de desconocer derechos. Se trata de equilibrarlos. El derecho a la seguridad colectiva no puede quedar subordinado a la desidia administrativa. El debido proceso no puede convertirse en una excusa para la negligencia. La legalidad no puede ser sinónimo de fragilidad institucional.
El caso de La Plata debe ser un punto de inflexión. No podemos permitir que el paso del tiempo diluya la gravedad de lo ocurrido ni que la fuga de un responsable se convierta en una anécdota más en la larga lista de fallas del Estado. Cada error no corregido es una invitación a que se repita.
La institucionalidad, cuando actúa de manera coordinada, tiene la capacidad de contener y prevenir. Fiscalía, jueces, sistema penitenciario, Fuerza Pública y autoridades territoriales deben operar como un solo cuerpo. La fragmentación institucional es terreno fértil para el crimen.
Hoy más que nunca, el Huila necesita certezas. Necesita saber que lo ocurrido en Semana Santa no volverá a suceder. Necesita garantías de que quienes atentan contra la vida y la tranquilidad de los ciudadanos enfrentarán la justicia sin atajos ni fisuras.
Esta columna no busca señalar personas, sino advertir riesgos. No busca polarizar, sino proteger. Porque cuando se trata de seguridad, la indiferencia es el peor enemigo.
El atentado de La Plata no fue solo un ataque a un municipio; fue un ataque a la confianza. Y la fuga de uno de sus responsables amenaza con profundizar esa herida. Por eso el llamado es claro: no podemos permitir que solicitudes administrativas, decisiones mal evaluadas o fallas de control pongan en riesgo lo más valioso que tenemos como sociedad: la tranquilidad de nuestra gente.
El Huila merece vivir sin miedo. Merece un Estado que funcione, que aprenda de sus errores y que actúe.
“Recordar lo ocurrido no es abrir viejas heridas; es evitar que se vuelvan a abrir”.