Luis Felipe Narváez
Docente Universidad Surcolombiana
En cualquier calle de Colombia, algún agente de tránsito —bautizado en el argot popular como el "Chupa"— detiene a un conductor por una supuesta infracción. Antes de que el ciudadano alcance a articular una defensa, el uniformado toma el control de la conversación: describe la falta con gravedad técnica y recalca de inmediato lo que costará la sanción legal, sumando el valor de la grúa, los días de parqueadero oficial, el día laboral perdido y los trámites engorrosos de comparecencia. El "Chupa" jamás exige dinero de forma directa; hacerlo configuraría una concusión flagrante que lo expondría penalmente. En su lugar, construye la angustia precisa para que la oferta monetaria nazca del propio infractor bajo el disfraz de una «colaboración mutua». Cuando el conductor balbucea una primera suma modesta, el agente la rechaza con un libreto ensayado: "no puedo colaborarle, mire el riesgo en el que me pone". Esta negativa simulada tensa el reloj, desgasta la resistencia psicológica del ciudadano y lo fuerza a elevar la cifra hasta alcanzar un punto donde ambos sellan el pacto informal. Si el infractor no alcanza esa expectativa económica, la negociación se rompe y se impone el comparendo oficial: un desenlace de pérdida mutua frente al beneficio ilícito que ambos esperaban capturar.
Esta transacción callejera se alimenta de una profunda fractura en la confianza pública. La disposición del ciudadano a pagar legalmente su falta se destruye ante la certeza de que el dinero de la multa no se traducirá en mejores vías ni en seguridad, sino que terminará engordando los bolsillos del operador privado de las fotomultas, del consorcio de patios y grúas o del político administrador de turno. Bajo esta percepción de saqueo institucional, el infractor no siente culpa moral: concibe el arreglo ilegal con el Chupa como un acto de legítima defensa económica o como un "descuento" razonable frente a un Estado que pone a los ciudadanos contra la pared ante las altas multas que debe pagar en la oficina de tránsito. Prefiere que una fracción del dinero quede en manos del policía que está bajo el sol antes que transferir la tarifa completa a las arcas de una administración que considera corrupta.
Esta mecánica explica por qué la respuesta tradicional de los gobiernos —subir drásticamente el valor de las multas para generar escarmiento— es un rotundo fracaso. Cuando el Estado encarece las tarifas oficiales pero mantiene a los agentes con amplio poder discrecional en la calle, no está disuadiendo la infracción: le está indexando el salario informal al funcionario. Al volverse la sanción legal un castigo económicamente confiscatorio, el ciudadano prefiere pagar un soborno más alto con tal de salvar su patrimonio. La multa del Estado deja de educar y se convierte en el ancla que encarece la mordida en el andén.
Frente a este callejón sin salida, la solución de moda en las alcaldías ha sido colgarles cámaras corporales a los uniformados bajo la promesa de una vigilancia infalible. Sin embargo, en la práctica sobreviene una paradoja que los tecnócratas no previeron: la hipervigilancia destruye la aplicación de la norma. Con la cámara encendida, el agente no puede recibir el dinero porque quedaría grabado, pero imponer el comparendo formal le acarrea desgaste físico, discusiones con conductores hostiles y el riesgo de que el ciudadano lo denuncie ante control interno por presunto abuso de poder. Dado que el fiscalizador gana el mismo sueldo haga o no haga comparendos, su decisión racional inmediata es la huelga de brazos caídos: detiene el vehículo, finge revisar los documentos ante el lente y, con un displicente "pase, pase", ordena la marcha del infractor. La cámara no produce legalidad; simplemente sustituye el soborno por una impunidad total a costo cero para quien violó la ley.
El colapso del sistema se consuma cuando esta desatención golpea las finanzas municipales. Al generalizarse la inacción de los agentes, el recaudo por comparendos se desploma, desfinanciando a las secretarías de movilidad y quebrando el equilibrio económico de los concesionarios de grúas y plataformas tecnológicas. Para no quedarse sin recursos, la propia jerarquía burocrática termina imponiendo cuotas mínimas obligatorias de comparendos al mes a sus agentes y, convenientemente, tolera que las cámaras corporales comiencen a fallar por supuestos daños de batería o falta de memoria en los servidores. El aparato administrativo relaja la vigilancia técnica y restituye el viejo equilibrio de complicidad, donde la cuota exigida por la oficina y el arreglo en la calle vuelven a convivir pacíficamente.
La lección para la sociedad y para los gobernantes es directa: ni las multas exorbitantes corrigen la indisciplina, ni los dispositivos tecnológicos erradican la trampa si la estructura de incentivos y la legitimidad pública están rotas. Mientras la ley dependa del criterio y la conveniencia de dos personas a solas en una esquina, y mientras el ciudadano sienta que pagar legalmente es financiar la corrupción de cuello blanco, la sanción seguirá reducida a un regateo de plaza. Transformar este caos exige despersonalizar el control mediante sistemas tecnológicos de detección automática y pago bancarizado que eliminen el contacto físico recaudador.
No obstante, el dilema encierra una paradoja trágica: aunque el pacto clandestino degrade la institucionalidad, el acto individual del conductor se interpreta en la práctica como una resistencia visceral frente a la transferencia forzosa de su esfuerzo hacia un aparato burocrático que saquea las arcas públicas. Al intentar protegerse del despojo estatal acordando bajo cuerda con el "Chupa", el ciudadano alimenta el mismo engranaje que lo asfixia: un perro que se muerde la cola y condena a nuestras ciudades al atraso permanente y a la ley del más vivo.