Por Wilfred Trujillo Trujillo
En Colombia repetimos que el Banco Agrario es el banco del campo. El propio Banco lo proclama y su propósito es impulsar el progreso del agro y de las familias rurales. Entre el lema y la ventanilla aparece un abismo. Los campesinos siguen chocando con tasas que no son las prometidas, comisiones poco claras y exigencias documentales que excluyen justo a quienes más necesitan crédito formal.
Los números de inclusión financiera muestran la grieta. A nivel nacional el acceso a algún producto financiero ya se acerca a la universalidad con más de nueve de cada diez adultos vinculados. Sin embargo el crédito vigente apenas llega a cerca de un tercio de la población. En el mundo rural la brecha es mayor. En los municipios rurales y rurales dispersos la proporción de adultos con crédito queda muy por debajo de los centros urbanos.
Si existen líneas que anuncian intereses cercanos a 3-5 % anual, ¿por qué la mayoría del campesinado no logra entrar? Porque esas tasas bajas existen, pero viven dentro de programas con cupo y con papelería exigente. El ejemplo más citado es el de las Líneas Especiales de Crédito operadas con recursos de FINAGRO. El subsidio de tasa puede llevar la tasa efectiva anual a niveles muy bajos para pequeños productores. Suena bien y en efecto lo es para quien logra presentar a tiempo cada requisito, para quien alcanza presupuesto antes de que se agote la bolsa y para quien pertenece a la prioridad definida en la convocatoria.
En el mostrador cotidiano la historia cambia. Fuera de los cupos subsidiados, un crédito productivo rural típico se ofrece alrededor de 23 – 24% efectivo anual. Los créditos populares, que son la puerta más usada por micro-negocios en zonas rurales, se mueven entre 29 – 37% efectivo anual. En algunas finalidades la cifra sube todavía más. Esa es la tasa real que enfrentan miles de campesinos cuando la LEC (Líneas especiales de crédito) no está disponible o cuando no cumplen el filtro.
El marco regulatorio empuja en la misma dirección. La Superintendencia Financiera certifica cada mes el interés bancario corriente por modalidad. Con esa base se calcula la tasa de usura como una vez y media el interés corriente. Aun sin subsidio muchas tasas pueden quedarse altas sin violar el techo legal. En la práctica la tasa llamativa de vitrina convive con tasas efectivas mucho mayores para quien no entra al nicho subsidiado.
A las tasas se suman costos invisibles. La gran mayoría de pequeños productores necesita una garantía del Fondo Agropecuario de Garantías cuando no tiene colaterales suficientes. La comisión de esa garantía depende del plazo, del perfil y del monto. Para el productor la ecuación es simple. El crédito anunciado como favorable termina costando más por cuenta de la comisión, del seguro, de los traslados y del tiempo perdido.
Luego aparece la pared documental. El checklist para pequeño productor con recursos FINAGRO incluye formulario de vinculación, consulta a centrales de riesgo, pagarés, formatos de la entidad de redescuento, plan de inversión, certificados sectoriales según la actividad, seguro de vida deudores y garantías. Si la garantía es hipoteca piden Certificado de Libertad y Tradición vigente. Si la persona no declara renta debe aportar certificado. Si declara debe entregar su última declaración. Cuando aplica también se exige la autorización para el cobro de la comisión del FAG. Son requisitos propios del crédito formal. En la ruralidad equivalen a desplazamientos costosos, a barreras de alfabetización financiera y a tiempos que se consumen en filas y oficinas.
Hay avances que merecen reconocimiento. El Banco ha anunciado mejoras digitales, brigadas y flexibilidades puntuales para realidades de la ruralidad. Aun así, para el pequeño productor promedio el trámite sigue cuesta arriba.
En el Huila, el panorama se agrava. No se trata solo de tasas impagables o trámites interminables; también pesa la sensación de abandono institucional. Mientras el Banco Agrario se presenta como motor del desarrollo rural, el departamento aparece en titulares por presuntas irregularidades en 23 proyectos financiados con regalías, según reveló en marzo del año en curso. Obras inconclusas, recursos sin ejecutar y silencios administrativos conforman un paisaje donde la banca pública parece mirar hacia otro lado.
El Banco no puede seguir escudándose en discursos de inclusión mientras, en su propio territorio, los recursos del campo se diluyen entre demoras, auditorías tardías y burocracias que desangran la confianza ciudadana. Su rol debería ser el de garante y vigilante del desarrollo, pero termina apareciendo como un actor pasivo, distante y cómodo.
En departamentos como el Huila, donde la economía rural depende en buena parte del crédito y la ejecución pública, el desinterés del Banco duele más. Cada proyecto mal financiado o supervisado representa una vereda que sigue esperando caminos, riego o infraestructura productiva. El crédito que no llega se suma al presupuesto que se pierde.
A todo lo anterior se suma la intermitencia presupuestal. Las LEC (Líneas especiales de crédito) dependen de recursos del Ministerio de Agricultura. Abren convocatorias, asignan bolsas con prioridades territoriales y poblacionales, y cierran cuando se agotan. El productor llega a la oficina y escucha que la línea está cerrada. La opción inmediata suele ser un crédito comercial o popular más caro, o un préstamo en cooperativas y microfinancieras. Algunas facilitan el papeleo, pero también cobran tasas altas. El resultado es perverso. El campesino paga más por ser quien es y por vivir donde vive.
El problema no es solo de acceso al dinero, sino de cómo está armado el crédito. El checklist sigue siendo largo y confuso y muchas verificaciones ocurren lejos de la finca, lo que suma tiempo y costos. La garantía añade cargos cuando el productor es de bajos ingresos. La atención en veredas aparece por temporadas y obliga a viajes que se podrían evitar. Las líneas con tasa baja abren y se agotan rápido y muchos quedan por fuera. El crédito no siempre acompaña el ciclo del cultivo y eso complica siembra, cosecha y venta. Con este panorama la ventanilla termina favoreciendo a quien logra descifrar el trámite y deja atrás a familias que necesitan el apoyo.
El Banco Agrario nació para cerrar brechas. Hoy su arquitectura de crédito termina sirviendo muy bien a quien logra sortear el laberinto. A demasiadas familias las deja en la puerta. Este no es un llamado para señalar a un funcionario en ventanilla. Es una invitación a arreglar el diseño. Menos trámites, garantía sin comisión para quienes más lo necesitan y subsidios estables que no se evaporen antes de llegar a la vereda. Solo así el lema se cumple. Que el banco del campo, por fin, le preste al campo.
El campo no pide favores, pide que el Banco Agrario cumpla su promesa y haga posible un crédito sencillo, oportuno y justo que llegue a la vereda y acompañe la siembra, la cosecha y la venta, para que dejar atrás los trámites eternos sea, por fin, el comienzo de un camino de progreso compartido.
*Diputado Asamblea del Huila