Alfonso Vélez Jaramillo
Mientras que el sistema penal colombiano no se inspire en un estudio profundo y serio que obedezca a los más caros intereses de la Nación, el crimen seguirá siendo normal y parte del paisaje y sin reproche social como cualquier otra actividad.
No estoy exagerando. ¿Cómo es posible que nueve meses después del atentado con moto bomba en La Plata, Huila, el principal sospechoso apenas estuviera detenido en un Centro de Detención Transitorio (CDT) y no es una cárcel?.
Aquí no valen nada los muertos, los heridos, los daños materiales millonarios y el secuestro de personas.
Es inconcebible: Si fuera una persona que ha robado para comer ya estaría condenada y bien vigilada, inclusive publicada a seis columnas en todos los medios.
Este fue un crimen que estremeció a la sociedad colombiana, con repercusión nacional e internacional, por la manera como se ejecutó y los condenables resultados contra gente sana que permanece al margen del conflicto armado. No es cualquier cosa.
El principal acusado es Alias 'Richard', disidente de las Farc, según las investigaciones, y así haya sido capturado hace poco tiempo, ya se sabía que era un interno de alto perfil.
Una persona con estas características, siempre debe estar en cárceles de mediana y máxima seguridad, tal como lo establecen las normas.
Se de muchos detenidos por delitos menores, inclusive por inasistencia alimentaria, que han permanecido varios meses en el CDT sin que se les resuelva su sitio de reclusión, por demás, en el más deplorable hacinamiento.
Claro está, en las redes sociales, y más en época electoral siempre “lleva del bulto” la administración municipal, que, siendo equitativos en este caso, “creo que no tiene velas en ese entierro”.
Recuerdo que, a principios de enero, el propio alcalde Germán Casagua, había alertado sobre las anomalías, inclusive que presos de otras ciudades estaban siendo traídos a Neiva, y no a la cárcel sino al CRT.
Este CRT, ubicado en el barrio El Triángulo, tiene una infraestructura prevista para acusados de delitos comunes y detenciones temporales de máximo 36 horas.
Su sistema de seguridad siempre será para un lugar de reclusión transitorio, en donde desde hace un mes estaba Alias ‘Richard’, acusado del atentado con motocicleta bomba en La Plata, Huila, y el secuestro de nueve personas.
Eso solo sucede en Colombia, en donde el sistema penitenciario, da la impresión de ser una rueda suelta o una isla dentro de la estructura de la lucha contra la criminalidad.
El Instituto Nacional Penitenciario INPEC, según lo visto, es el principal comprometido en este caso y es posible que alguien de la policía, están investigando.
No existe una verdadera política para eximir al INPEC de sus responsabilidades, inclusive que las cárceles estén convertidas en escuelas del crimen y no en centros de rehabilitación.
Es increíble que la sociedad reclame efectividad de la justicia y a los investigadores un esfuerzo para capturar los responsables del atentado en La Plata, que inclusive fue noticia nacional e internacional, y el principal sospechoso este ahora por fuera.
Como es posible que hayan hecho un boquete por el que se fugaron siete presos que no es trabajo de minutos, ni de horas y los 40 policías que los vigilan, ni nadie vio ni escuchó, ni nadie del sector se haya dado cuenta.
Es visible que existe la justicia para los amigos, desde el momento en que se hacen las leyes en el Congreso de la república, en donde no han tomado en serio esta responsabilidad, solo politiquería e intereses electorales.
Es cierto, la Constitución política del 91 le prohíbe al ejecutivo expedir códigos mediante facultades extraordinarias, cuya responsabilidad recae en el legislativo.
La prevención y la lucha contra la criminalidad exige la participación, coordinación y la responsabilidad de todas las ramas del poder público, constitucional, legal, judicial y administrativa.
Al Instituto Nacional Penitenciario, le corresponde la ejecución de la sanción impuesta por el juez y particularmente fijar seriamente los lugares en donde se deben purgar las penas o la sanción, pero da la impresión de que se carece de una coordinación real y efectiva en la lucha contra la delincuencia.